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Golpe judicial a la plusvalía municipal

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente el impuesto conocido como plusvalía municipal, al impedir a los ayuntamientos cobrarlo por las ventas de inmuebles que acarrean una pérdida a sus propietarios, obligará al Gobierno a aprobar una reforma de este polémico gravamen. El desplome de los ingresos fiscales de los consistorios tras el estallido de la crisis disparó su voracidad recaudatoria, como prueba el hecho de que entre 2008 y 2015, cuando la vivienda se depreció de media en España un 30%, la recaudación por este gravamen se duplicó, alcanzando los 2.625 millones de euros en el último ejercicio. Este sinsentido, que se debe al sistema de cálculo utilizado por los ayuntamientos para aumentar las liquidaciones a su favor desligando el valor de los inmuebles de la realidad del mercado, generó que se disparasen las reclamaciones de los ciudadanos afectados, a los que finalmente la Justicia ha dado la razón; lo que abre la puerta a que los consistorios se vean obligados a devolver lo cobrado de forma indebida.

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